Las dos caras de los derechos humanos en Colombia

Cualquiera diría que los derechos humanos son algo simple: se aplica un estándar universal y punto. Pero pocos temas del mundo contemporáneo tienden a politizarse más que los derechos humanos. Para muestra un botón: bajo el actual régimen de facto en Honduras, acusado universalmente por tirios y troyanos, la Comisión Inter Americana de Derechos Humanos ha visitado el país y levantado informes con toda libertad, pero en Venezuela, país al cual le corresponde la presidencia rotativa de la comisión, no ha venido una delegación de esa organización … desde el año 2002. De allí que haya tenido que apelar el movimiento estudiantil a una huelga de hambre para liberar a uno de sus líderes injustamente encarcelado y solicitar una visita del organismo de marras.

En Colombia la discusión pública sobre el significado de los derechos humanos también está altamente politizada. El gobierno de Uribe arguye que es bajo su gobierno cuando ha comenzado el rescate de los derechos humanos. El combate frontal contra las FARC ha permitido rescatar la libertad y seguridad ciudadana de millones de colombianos que hasta hace una década escasamente podían movilizarse unos kilómetros fuera de Bogotá sin ser pasto de secuestros, de asaltos, o simplemente asesinados. Se ha rescatado, así, dice el gobierno, uno de los derechos fundamentales: el derecho a la vida y la seguridad. Haber puesto a los grupos insurgentes (o terroristas, como le gusta denominarlos Uribe) contra la pared también ha representado el comienzo del rescate del monopolio de las armas y el ejercicio de la justicia de grupos como los paramilitares que se dieron a la tarea de actuar por cuenta propia para defender hacendados y otros ciudadanos del acoso guerrillero. El gobierno ha logrado la desmovilización de cerca de 50.000 personas, incluyendo paramilitares y guerrilleros de las FARC y el ELN, la mayoría de los cuales –con todas sus dificultades– se han incorporado a la vida civil. El descenso en los niveles del conflicto incluso ha incidido en la disminución de la violencia producto de la delincuencia común. Si Medellín y Bogotá, así como la mayoría de ciudades colombianas grandes tenían los peores indicadores en cuanto a crímenes de América Latina, hoy estos valores han descendido abruptamente. Caracas ha sustituido a Bogotá como la capital más violenta del continente. Algunos estudiosos arguyen que con la caída de los grupos insurgentes y paramilitares se dejó de vivir un clima urbano propicio a la regeneración de redes de delincuencia. Medellín ha experimentado recientemente un repunte de los índices de delincuencia y eso es motivo de preocupación, pero en líneas generales el saldo es altamente positivo.

No obstante, estos logros de la política de seguridad ciudadana ocurren a costa de no menos graves violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas armadas y de seguridad del país vecino, e incluso por redes de paramilitares que todavía se mantienen armados o que se han reactivado luego de la desmovilización de las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia). Continúan los asesinatos de líderes sindicales, una vieja tradición de las autodefensas desde los años 70, aunque en menor número. Debido a la política perniciosa del ejército de contabilizar enemigos (guerrilleros) caídos en combate, así como evaluar los méritos conforme a esa regla, han ocurrido simulaciones de guerrilleros muertos, que en Colombia denominan “falsos positivos”, para indicar que se trata de campesinos o mendigos a los cuales se asesina y luego se los hace pasar por insurgentes o sus aliados directos. Varios oficiales de alta jerarquía han sido llevados a juicio por la comisión de tales delitos. También se mantiene la tendencia sorda y callada de los desplazados por el conflicto: campesinos y sus familias que organismos de Naciones Unidas estiman en cerca de tres millones, lo que constituye un desastre humanitario. Esta última tendencia no nace durante la era de Uribe, pero se ha acentuado en la medida en que el combate contra las FARC se ha hecho más feroz. Dos consecuencias se desprenden del desplazamiento de millones de personas de su tierra. Una es el empobrecimiento y desarraigo de miles y miles de familias que prácticamente lo pierden todo. Lo segundo es que las tierras de donde son desplazadas estas familias son un botín de guerra que en una medida importante han ido a parar a los bolsillos de ex-jerarcas paramilitares que han ido acumulado cientos de miles de hectáreas. Quizás esos comandantes, acostumbrados a la impunidad por décadas entienden la toma de estas tierras como una compensación por abandonar las armas. Todo esto sin tomar en cuenta el clima de zozobra que viven muchos luchadores sociales y políticos que se sienten constantemente amenazados ni el reciente episodio de las bases militares norteamericanas en territorio colombiano.

¿Quién tiene la razón? Pues ambas partes. El logro de derechos humanos plenos es un camino tortuoso y, con todos sus altibajos, Colombia ha dado pasos importantes, aunque todavía reine la impunidad en muchos casos. Uribe ha sido el presidente de la guerra contra las FARC. ¿Será que en su tercer período Uribe pasará a ser el presidente de la paz con las FARC? El tiempo lo dirá.